Trabajadores del Hospital Garrahan convocan a un nuevo paro el martes 22 de octubre en la Plaza de Mayo, contra la política de ajuste de Javier Milei tras la crisis del hospital Garrahan.

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La movilización tiene como objetivo frenar el desmonte del Ejecutivo a la salud pública, así como sucede con el hospital Bonaparte.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, refirió que “el ministro de Salud Mario Lugones dice que el ‘hospital está operando con normalidad’. Fingen demencia, pues saben que el Garrahan está atravesando una terrible crisis, producto de su política criminal contra la salud pública”.

De igual manera, otra jornada de movilización tendrá lugar el 31.

Entre tanto, Lipcovich agregó que “el problema salarial no sólo no se resolvió, sino que mes a mes se viene agravando. Este mes tendríamos un por ciento de aumento y los restantes meses el salario congelado”.

“Quedó claro para todos: si no hay respuestas, tenemos que profundizar el plan de lucha. Por eso, votamos un paro semanal durante este mes y una asamblea para resolver nuevas medidas. Al ataque general que Milei impulsa contra todos los trabajadores, se lo enfrenta como estamos haciendo en el hospital, como hicieron en el Bonaparte, como hacen los docentes en huelga y los estudiantes que toman facultades. Vamos por el salario, las condiciones de trabajo y la salud pública”, dijo.

Por otra parte, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Norma Lezana, puntualizó que “el sueldo de los integrantes del Consejo de Administración históricamente fue superior. El malestar no es por eso, sino por los bajos salarios de todo el personal”.

La salud argentina

De acuerdo a un informe del Grupo de Estudios Legales y Sociales (CELS), alrededor de 200.000 personas se dieron de baja de su prepaga, mientras que se vendieron casi 23 millones menos de medicamentos que un año atrás.

“Un escenario crítico en materia de salud, que puede compararse al de 2001 y 2002”, refirió el informe al valorar “la profundización de la pobreza que transita la Argentina genera un escenario crítico en materia de salud”.

Tres medidas impulsadas por el Gobierno impactaron directamente en la salud de la población, provocando la interrupción de tratamientos: “la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dejó sin tratamiento a pacientes graves y crónicos con cobertura de salud pública exclusiva, muchos de ellos oncológicos; la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que implicó la pérdida de la elaboración nacional de medicamentos, muchos de ellos no rentables para el mercado; la desregulación en el aumento de precios de los medicamentos y la baja en la venta con receta”.

La pobreza en Argentina

Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares puntualizaron que “a seis años de la sanción de la Ley 27.453, la realidad de 1.200.000 de familias que habitan en los barrios populares de Argentina se ha vuelto crítica. Desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la devaluación, el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del DNU 193/24, y la decisión política de Luis Caputo, han llevado al freno de más de 700 obras en todo el país”.

Los últimos que difundió el Indec indican que la pobreza y la indigencia tuvieron un tremendo salto en el primer semestre del año, hasta alcanzar al 52,9 por ciento y 18,1 por ciento de las personas, respectivamente.

 Se trata no solamente de números abrumadores sino que además implican un deterioro muy profundo respecto de los valores del 2023, señaló la plataforma Página 12.

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